Caso del espía

La Justicia Federal de Córdoba dispuso que se debe seguir investigando el caso del espía de la Policía Federal que filmó una marcha de universitarios que pedían el boleto estudiantil.

La decisión de la fiscalía de la Cámara constituye un duro revés para el fiscal riocuartense Guillermo Rodolfo Lega quien había dispuesto el archivo de las actuaciones.
La resolución del fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba fue bien recibida por la querella constituida por los estudiantes universitarios de la Federación y por su abogado representante, Héctor Giuliani.
Lega había desestimado la denuncia porque consideró que el policía federal Esteban David Becerra “se encontraba a la luz de todos los que estaban allí” y que su “actuar prevencional no alteró su desempeño policial”.
El juez federal Carlos Ochoa había rechazado el archivo dispuesto por el fiscal Lega porque, entre otras consideraciones, sostuvo que según la ley de Seguridad interior no se permite “la utilización de las fuerzas policiales federales salvo en dos supuestos, 1) cuando se encuentren amenazados gravemente los derechos y garantías de cierto sector de la población y 2) cuando se encuentre en peligro la vida, libertad y patrimonio de las personas”.
Los argumentos del juez y los expuestos oportunamente por Giuliani fueron considerados por una instancia judicial superior y coincidieron. Paradójicamente llevaron a cabo una tarea de acusación más profunda que la adoptada por el fiscal Lega.

Pequeño. Una de las frases que generó más indignación entre los estudiantes es la que volcó el fiscal Lega en su resolución tras la breve intervención en el caso: “al momento de llevarse a cabo un pequeño acto de entrega de proyecto de iniciativa popular”.
El fiscal que no había dispuesto ninguna medida para investigar el hecho del espía que había generado intranquilidad en los estudiantes consideró que se trató de “un pequeño acto”, cuando en realidad fue una significativa convocatoria que realizaron los estudiantes en los últimos años que además entregaron 10 mil firmas que abalaban el proyecto estudiantil.
“¿De dónde saca el fiscal la información para sostener que se trata de un pequeño acto, cuando él no realizó ninguna diligencia probatoria para acreditar el extremo que invoca?”, se preguntó Giuliani el 6 de noviembre pasado en el Juzgado para rechazar el archivo de la causa.
El caso llegó al despacho del secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien se interesó en el caso.
Desde que la causa llegó de Córdoba al Juzgado Federal, el juez Ochoa analizó y dispuso distintas medidas a profundizar la investigación.
Los estudiantes esperan que definitivamente se establezcan responsabilidades y se determinen qué tipo de irregularidades se registraron con este acto donde fueron filmados los jóvenes manifestantes. Inicialmente el juez Ochoa ya había considerado que además de investigar al policía Becerra debía establecerse la responsabilidad de “todo superior al mismo que presuntamente haya dispuesto realizar las tareas motivo de la denuncia”.