La rutina de los tribunales se vio sacudida este año por casos que fueron desde homicidios criminis causa hasta un hecho de lesa humanidad.
La particularidad de los casos que se ventilaron en los tribunales locales fue que se trató de causas de variado origen y de un voluminoso peso específico.

Criminis causa. El año cerró con dos condenas a prisión perpetua por un homicidio criminis causa, la figura más grave que tiene el Código Penal. Luego de numerosas audiencias que se caraterizaron por su extensión y por el clima de tensión que provocaba la peligrosidad de los delincuentes, la Justicia dispuso perpetua para Roberto Statello y David Muñoz.
Las audiencias se desarrollaron bajo un amplio operativo de seguridad que incluyó a decenas de efectivos que garantizaron la realización del juicio. Igual de espectaculares resultaron los despliegues para el traslado de los acusados desde la cárcel hacia Tribunales puesto que siempre existió la hipótesis de que podrían intentar una fuga utilizando sus contactos con la mafia. En ese juicio por el crimen de Julio del Corral también se condenó a 18 años al entregador José Emiliano Rodríguez.

Justiciera. El 29 de mayo Mariela Galíndez fue condenada a 8 años de prisión por haber matado a un ladrón. En 2005 la mujer persiguió en su auto a un ladrón que le había robado unas prendas, lo atropelló y le provocó la muerte.
El abogado defensor realizó numerosos esfuerzos para tratar de que a la mujer no se la considerara una justiciera y que se comprobara que ella no tuvo intención de matar. Incluso el fiscal de Cámara, en el juicio, compartió con la defensa una sanción más benévola que la que le aplicó finalmente la Cámara Segunda del Crimen. El fiscal había solicitado 3 años de prisión efectiva pero la Cámara consideró que se trató de un hecho de homicidio simple y dispuso el mínimo para ese delito: 8 años de cárcel. El fallo está en casación, pero, de todas formas, los abogados descuentan que podría acceder al beneficio de la prisión domiciliaria por tener un hijo menor de edad con discapacidad.

Lesa humanidad. También resultó estentórea la resolución del juez Daniel Muñoz en el caso Flores. El 6 de julio fundamentó que el caso de la muerte de Ale Flores es un hecho de lesa humanidad. Esto implica que no prescribió y por lo tanto los dos policías imputados pueden ser juzgados por la muerte del pequeño, que estuvo 17 años desaparecido y cuyo cadáver fue encontrado hace un año y medio enterrado al lado de una alcantarilla en el barrio Las Quintas.
La resolución del juez Muñoz fue apelada y está en manos de la Cámara Primera del Crimen. El juez Jorge Piovano se abocó al estudio de los antecedentes internacionales y de las doctrinas sobre los delitos de lesa humanidad y luego de llevar adelante el último juicio por jurados se sumaron al estudio en profundidad las otras dos integrantes de la Cámara. Esperaban tener un dictamen este año, pero esa posibilidad no estaba confirmada.

Aberrante. El 1 de octubre se produjo la condena para un caso paradigmático de abusos contra menores. Este tipo de delitos aberrantes ha comenzado a denunciarse y juzgarse con más frecuencia en los últimos años y tuvo un hecho sobresaliente: el caso Ravera.
Jorge Ravera, de 50 años, era el encargado de la Residencia juvenil Roca, de Río Cuarto, y fue condenado a 14 años de prisión por abusar sexualmente de cuatro menores. Los pequeños de entre 9 y 13 años estaban bajo su cuidado. Los hechos fueron entre setiembre del 2003 y mayo del 2004.






Política. Al caer agosto la justicia apuntó contra dos empresarios locales y un ex funcionario de la gestión Rins por el caso Gamsur. El fiscal Julio Rivero recibió la denuncia de dos concejales que consideraron que los empresarios “inflaron” los mayores costos de 2008 para poder cobrar un monto mayor y al cabo de una breve investigación coincidió que efectivamente las sospechas eran fundadas. Por ese motivo, imputó por “supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa” a los empresarios Alcides Capello y Juan Carlos Masoero. También imputó por sospechas leves de incumplimiento de los deberes de funcionario público a Martín Abasolo. El avance del fiscal, que luego se apartó del caso, resultó el golpe más fuerte al sector político del año, aunque posteriormente la investigación se “planchó”.